Las protestas de los trabajadores de Andinatel, exigiendo la salida del Presidente Ejecutivo de la institución, Juan Arellano, por pretender, junto al directorio, beneficiarse con la venta de un hilo de Fibra Óptica a una empresa privada, han sido aprovechadas por la burguesía para desprestigiar a los trabajadores.

La presencia de funcionarios vinculados con empresas beneficiarias de contratos y concesiones en la administración de la telefónica, es un hecho que ha sido cuestionado por los trabajadores. Arellano, al igual que otros funcionarios, está acusado de mantener una relación laboral con la empresa que sería beneficiaria de este negociado.

Esta comercialización, bajo el pretexto de "evitar la construcción de fibra nueva" favorece descaradamente a empresas privadas como Ecuadortelecom, que aprovecharían esta infraestructura para lograr grandes ganancias sin mucho esfuerzo. Esta venta trae, en cambio, un gran perjuicio para el desarrollo de Andinatel, limitaría la cobertura de servicios programados por la estatal como parte de su plan de expansión de servicios.

Como una respuesta a las denuncias realizadas por los trabajadores, Arellano, quien contra viento y marea anuncia que continuará con esta política de atraco “para evitar que la telefónica se vuelva un caos”, despidió a 4 dirigentes sindicales, pretendiendo con esto amedrentar a los trabajadores.

Los contratos colectivos, por lo general en lo concerniente a la estabilidad, contienen cierta garantía para el trabajador, especialmente para los dirigentes, de por lo menos tres años. Este acuerdo -la estabilidad-, al considerar como sanción el pago de montos elevados si es incumplido, permite a los trabajadores cierta seguridad de que la organización laboral no será eliminada, puesto que el “patrono” pensará dos veces antes de despedirlo infundadamente. Claro está, también existen casos donde oportunistas -por lo general vinculados con la patronal-, que fungen de dirigentes sindicales aprovechan estas garantías para salir con jugosas indemnizaciones.

Es evidente que la burguesía midió el impacto que provocaría estos despidos. El “análisis” de los problemas de Andinatel, se han centrado en el monto de las liquidaciones mas no en los abusos y raterías que cometen funcionarios puestos allí como pago político. Argumentos como los de que los rubros no pueden estar por encima de los mil dólares por cada año de servicio y no pueden superar los $30 mil, de acuerdo a las nuevas disposiciones, son la tónica, incluso Galo Chiriboga, Ministro de Trabajo, haciendo gala de un marcado irrespeto al derecho de los trabajadores, plantea que el presidente Ejecutivo de Andinatel debió haberlos despedido con “visto bueno”, evitando así que la telefónica desembolse mas de 600 mil dólares en liquidaciones.

Plumíferos de la derecha, “analistas” y más técnicos, han aprovechado la ocasión para plantear la necesidad de “revisar” los contratos colectivos de las empresas estatales, mientras guardan un silencio cómplice en torno a la venta de la fibra óptica.

En el caso de Andinatel, este instrumento, firmado en abril de 2005, ampara a mil 424 trabajadores, les garantiza una estabilidad de 36 meses. Tiene logros como un salario básico diferenciado, comisariato, refrigerio, subsidio familiar, estudiantil, transporte.

El propósito de la burguesía en este caso es desvalorizar la organización sindical, presentándola como un instrumento que garantiza “prebendas”, especialmente para los dirigentes. Pretenden, con estos ejemplos, deslegitimar las conquistas de los trabajadores que en grandes jornadas, lograron que su estabilidad, sus derechos y necesidades sean protegidos por un Contrato Colectivo.