Acción Ecológica fue despojada de su personería jurídica por parte del Ministerio de Salud Pública, mediante Acuerdo Ministerial 00157, con fecha 2 de marzo de este año, bajo el pretexto de haber “incumplido los fines para los que fue creada”. Esta decisión por parte del gobierno de Rafael Correa de desconocer a esta organización que ha mantenido una oposición fundamentalmente a la Ley Minera, desdice del carácter de un gobierno patriótico y nacionalista y constituye un atropello a las normas establecidas en la constitución y la criminalización de la lucha que vienen impulsando los distintos sectores sociales, gremiales y populares.

Los derechos de la naturaleza y el derecho al buen vivir establecidos en la Constitución del Ecuador, son sin duda algunas de las conquistas más importantes alcanzadas por los trabajadores y pueblos del Ecuador que se debe exigir su cumplimiento.

Acción Ecológica realizó estudios muy serios sobre las fumigaciones y presentó las pruebas científicas del daño que causan al medio ambiente, animales, plantas y al hombre por la utilización de sustancias nocivas a la vida, lo que sirvió de base para entablar el juicio al gobierno de Colombia causante de este atropello.

En esta lucha conjunta con partidos de izquierda como el PCMLE y el MPD, organizaciones populares como el Frente Popular, estudiantes secundarios y universitarios, gremios de maestros y profesionales, la juventud y demás sectores democráticos y patriotas hicieron posible la expulsión de la OXI, precisamente con la movilización popular, en las calles, y plazas. Acción Ecológica levantó la denuncia y la lucha en defensa de la vida, por la salud, por el cuidado del medio ambiente, en contra de las transnacionales Chevron y Texaco, que saquearon los recursos naturales y dejaron daños irreparables en nuestro país.

En el Ecuador, existen organizaciones no gubernamentales causantes de muchos actos ilegales, que han servido para cualquier cosa menos para lo que fueron creadas. Entre ellas están algunas de carácter religioso que han sido acusadas por las propias autoridades nacionales de haber especulado con el dinero cuando se produjo la dolarización. Incluso algunas de ellas han servido de fachada para muchas actividades, incluso de espionaje. En Quito, Guayaquil y otras ciudades funcionan ONGs sin el debido control de las autoridades y no rinden cuentas a nadie de los fondos o propiedades públicas que manejan.

Es necesario que los diferentes sectores de trabajadores, estudiantes, profesionales impulsemos acciones de solidaridad con Acción Ecológica para que su personería jurídica sea devuelta y continúe la labor desplegada a lo largo y ancho del país en todos sus años de vida. Exigir al gobierno de Rafael Correa una investigación seria y profunda de todas las ONGs que existen en el país con el objetivo de poner en claro el papel que cumplen en el Ecuador.