Causa gran malestar entre los ecuatorianos la decisión del juez Tercero de Garantías Penales de la provincia de Sucumbíos, Francisco Revelo, quien dejó sin efecto las órdenes de captura contra el ex ministro de Defensa de Colombia Manuel Santos y el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, responsables del asesinato de 26 personas, cuando en marzo de 2008 el ejército colombiano, apoyado por los Estados Unidos, bombardeó territorio ecuatoriano.

Entre los asesinados en esta incursión y bombardeo constan cinco estudiantes mexicanos, el ecuatoriano Franklin Aisalla, y el comandante Raúl Reyes, miembro del Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

Aunque esta revocatoria no exime que el ex ministro Santos y el general Padilla continúen vinculados al proceso, el argumento de considerar “apresurado” el veredicto del fiscal Carlos Jiménez, echa por los suelos todo lo trabajado en pro de la detención de estos criminales. Es preciso recordar que cuando el defensor de oficio, Walter Lombeira, presentó un recurso de apelación a la medida cautelar, éste fue negado porque la Corte Provincial de Sucumbíos llegó a la conclusión que la prisión era justa, legal y oportuna.

Parece que las presiones y maniobras del gobierno colombiano para impedir esta medida (incluso calificaron el pedido de extradición como un "problema de Estado"), dieron resultado. La revocatoria se da coincidencialmente a los pocos días de la “denuncia” de un supuesto plan de las Farc para asesinar al juez primero de Garantías Penales de Sucumbíos, Daniel Méndez, que el pasado mes de junio ordenó la prisión de Santos y cuando Bogotá y Quito han anunciado una nueva reunión de cancilleres con vistas al restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

Aunque el fiscal general aclarare que la Fiscalía “no es dependiente de una agenda política”, parece que ciertos jueces sí, o lo que puede ser peor, obedecen a los intereses del gobierno de Uribe.

Independientemente de que este caso afecte o no las relaciones diplomáticas entre los dos países, la justicia ecuatoriana no puede ignorar que el ejército colombiano, bajo las órdenes directas de Santos y Padilla, violaron territorio ecuatoriano y en él asesinaron a 26 personas, por lo que es necesario respaldar la decisión de la Fiscalía de Sucumbíos que analiza la posibilidad de interponer algún recurso legal en contra de la decisión del juez tercero de Garantías Penales de Sucumbíos, que revocó la orden de prisión preventiva que pesaba en contra de estos carniceros.