Luego de las elecciones de abril de 2009 se observa en el gobierno un quiebre a la derecha. Algunas manifestaciones están en la promulgación de leyes, acuerdos y medidas que contienen elementos neoliberales y en el comportamiento antidemocrático y autoritario del presidente de la república. El acuerdo 1701 que prácticamente elimina el derecho a la contratación colectiva en el sector público, la Ley de Minería, la Ley de Aguas, la Ley de Empresas Públicas, la Ley de Servicio Público, la Ley de Educación Superior son algunos ejemplos de una legislación neoliberal y antidemocrática que Correa y el Movimiento PAIS han aprobado o la tienen en agenda.

Si en los primeros meses Correa censuró con fuerza a los “pelucones”, últimamente sus ataques se orientan casi de manera exclusiva en contra de las organizaciones populares, de izquierda y en contra de sus dirigentes. El propósito es debilitarlas, desprestigiarlas y, de ser posible, eliminarlas. Eso está claro sobre todo respecto de las organizaciones populares en las que la izquierda revolucionaria tiene una clara influencia, como la UNE o la FEUE.

El perfil autoritario del gobierno se mostró nítido en las pasadas jornadas de septiembre y octubre, pero tiene antecedentes: la militarización y violenta represión en Dayuma (nov. de 2007); la intentona de expulsar a una veintena de estudiantes y dirigentes estudiantiles secundarios por participar en las luchas por el carné estudiantil (oct. de 2008); la represión en contra de las comunidades campesinas que rechazan la política minera del gobierno son algunos ejemplos.

En un sentido se ha producido una democratización de la sociedad ecuatoriana, tomando en consideración lo que prescribe la actual Constitución y, sobre todo, lo experimentado en la conciencia política de los trabajadores y el pueblo. Pero de ahí a afirmar que desde el gobierno se incentiva la activa participación de las masas en la vida política hay una gran distancia.

Las masas populares no son consideradas como fuerza motriz para el cambio, en estos tres años han sido convocadas por Correa en cinco ocasiones: para enfrentar las pretensiones autonómicas de la oligarquía guayaquileña; para evidenciar la fuerza de quienes votamos por la aprobación de la nueva Constitución; para enfrentar al magisterio que se oponía al antidemocrático sistema de evaluación ; con motivo de la posesión en su segundo período presidencial; y, para medir fuerzas con la UNE y la Conaie, en estas últimas acciones de lucha. Al pueblo no lo cita para arrinconar a los especuladores, para enfrentar a los empresarios que se niegan a poner fin a la tercerización e intermediación laboral, para retar a la banca corrupta o a los medios de comunicación que exponen el pensamiento y la voz de los enemigos del cambio o para festejar la salida de las tropas yanquis de Manta. Correa denuncia intentos desestabilizadores de la derecha, pero no apela a la acción popular para frenarlos. Con banqueros e industriales tiene relaciones distendidas; con los maestros, con las universidades, con el movimiento indígena, con los dirigentes sindicales tiene relaciones tensas y les califica de corruptos, mediocres, pelafustanes, locos, mafias políticas...

¿Qué le hace actuar así al gobierno de la “revolución ciudadana”? Su carácter de clase y el pensamiento político que lo orienta. El gobierno de Rafael Correa representa a una facción de la burguesía, se guía por una concepción socialdemócrata de derecha que impulsa un proyecto desarrollista y reformista con manifestaciones populistas.

***********

El 19 de junio de 2009 en Guayaquil Las dos convocatorias primeras -para el tres y diez de octubre, respectivamente- fracasaron; finalmente se hizo el 17 de octubre. Durante su discurso, en varias ocasiones se refirió acre y despectivamente al MPD, a los dirigentes de la UNE y de la Conaie.