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    Sección: País

    En las calles, por el agua

     

    publicado el: 11 de mayo de 2010

    Sin importar las frías noches ni el inclemente clima, miles de indígenas y campesinos se movilizaron para exigir se escuche su voz y tomen en cuenta sus propuestas en torno a la Ley de Aguas que se discute, en segundo debate, al interior de la Asamblea Nacional.

    En varias provincias del país el pueblo salió a las calles y bloquea carreteras para exigir al gobierno pare la prepotencia y el entreguismo y siente a sus asambleistas a discutir las demandas del pueblo. En Quito, miles de indígenas de la CONAIE conjuntamente con militantes de la FEUNASSC, la UNE, FESE, JRE, organizaciones integrantes del Frente Popular y miembros de otras organizaciones políticas y sociales como el MPD, cercaron la Asamblea Nacional y exigieron que la derecha de PAIS y Madera de Guerrero debatan “los nudos críticos de la Ley de Aguas” planteada por los pueblos del Ecuador.

    La respuesta del gobierno a las exigencias populares fue la represión y satanización de la lucha indígena y de los pueblos del Ecuador. La multitudinaria y activa movilización nacional por la Defensa del Agua, la Vida y la Soberanía Alimentaria en Quito fue brutalmente reprimida; caso similar ocurrió en la provincia de Azuay, donde a la policía no le importó arrastrar ancianos y niños; resultado de esta represión dirigentes campesinos como Carlos Pérez, de la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay, FOA, fueron golpeados y acusados de terrorismo y sabotaje. A la par de la brutal represión el gobierno ha recurrido a esa millonaria maquinaria propagandística para “rematar” su ofensiva de desprestigio y satanización a la lucha que libran los pueblos del Ecuador y el movimiento indígena contra la política entreguista y antipopular del gobierno que cada día se torna más evidente.

    En las atosigantes cadenas de radio y televisión a nivel nacional y espacios televisivos como “El Ciudadano” van desfilando “campesinos” -afines al gobierno unos, y otros obligados so pena de perder la poca “ayuda”- repitiendo los textos elaborados por los funcionarios para desinformar al pueblo ecuatoriano; personajes como el Presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria también cumplen su parte: al igual que su jefe Correa, lanza ataques al movimiento indígena, principalmente, y a los asambleístas de izquierda mientras su entrevistador completa el propósito señalando que las movilizaciones buscan prebendas y espacios de poder de ciertos dirigentes para “manejar ellos el negocio” del agua.

    No todo es de color rosa para el gobierno y sus fuerzas represivas; la represión no ha podido detener la movilización indígena y popular; en el país continúan las marchas y los bloqueos de carreteras. La unidad, solidaridad y lucha del pueblo también ha arrinconado al gobierno y obligado, como es el caso de Azuay, a que jueces revean las acusaciones de terrorismo y sabotaje a los dirigentes campesinos y ordenen su inmediata libertad.

    Las pretensiones de la derecha de recuperar sus espacios y mantener los privilegios que gozaban con el neoliberalismo desenfrenado son detenidas por el movimiento campesino y popular, el pueblo continúa de pie; las luchas estudiantiles de estos días, las marchas y movilizaciones de los regantes de agua y pueblos afectados por la extracción minería y petrolera evidencian el repunte de la lucha de los sectores populares por su vida y futuro.

    La Ley de Aguas debe recoger el pedido de los pueblos indígenas, montubios y pobladores en general; debe enmarcarse en los principios constitucionales, garantizar los derechos de los pueblos y no los apetitos de los grupos de poder, por lo que esta Ley debe acabar con el acaparamiento y concentración del agua en pocas manos; debe asegurar que la Autoridad Única del Agua sea regida por un Consejo Plurinacional y no por un delegado “supremo” del gobierno, mucho más si se considera que este gobierno no será eterno; la creación de un Fondo Nacional del Agua para garantizar el mantenimiento, ampliación y la construcción de nuevos sistemas de agua; contemplar un consumo mínimo vital gratuito, entre otros aspectos sugeridos por los sectores indígenas y populares.