El proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos propuesto por el gobierno habla por sí solo del viraje político hacia la derecha que en Correa se ha producido. Éste da pasos atrás comprometiendo, o mejor dicho afectando abiertamente los intereses soberanos y económicos del país.

Ya es historia el discurso que hablaba de mantener una actitud patriótica, de defensa de los recursos naturales en general y, de manera particular, los hidrocarburíferos. En Montecristi se aprobó una Constitución que habla de la competencia exclusiva del Estado sobre aquellos, pero al parecer a Correa y su grupo, como en muchos otros temas, eso poco les importa. El proyecto en mención permite la delegación a empresas privadas (nacionales o extranjeras) de todas las actividades hidrocarburíferas; a más de los campos petroleros serán concesionados las refinerías, transporte por oleoductos, poliductos, estaciones y terminales de combustible y depósitos de gas. Con esas medidas el gobierno se burla de años de lucha de los pueblos del Ecuador en defensa del petróleo y en contra de la voraz explotación hidrocarburífera efectuada por las transnacionales.

En el año 2008 Rafael Correa renegoció los contratos petroleros, ampliando sus períodos de duración y subiendo el precio base en un 60% a favor de las compañías, para el reparto de los excedentes del precio del petróleo, lo que produjo una pérdida de 800 millones de dólares al Estado. Ahora este proyecto plantea que de los ingresos provenientes de la producción el Estado tan solo se reserve el 25%, contrariamente a lo establecido en el Art 408 de la Constitución que textualmente dice: "El Estado participará en el beneficio del aprovechamiento de estos recursos en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota", es decir, el porcentaje mínimo debería ser el 50% para el Estado.

Con desvergüenza Correa sostiene que con estas reformas se obligará a las petroleras invertir en los actuales bloques de explotación o traer nuevas inversiones para elevar la producción, lo que resulta una cínica mentira puesto que esos son yacimientos viejos y con reservas casi inexistentes, por lo que nadie se atreverá a invertir en ellos.

El gobierno busca rifar las riquezas petroleras para conseguir recursos económicos y enfrentar los graves problemas financieros que tiene fruto de la crisis internacional del capitalismo y del desenfrenado gasto en su política asistencial.

La bandera que por años nuestro pueblo ha levantado cobra vigencia: defender nuestros recursos, nacionalizar el petróleo.