El impresionante incremento de homicidios en el Ecuador al punto de duplicarse en los últimos 20 años; la impunidad que les rodea; la participación de miembros de la Policía en bandas de sicariato; la utilización de la figura de “ajuste de cuentas”, supuesto con el cual, tanto la fiscalía como el aparato policial no impulsan una investigación seria; las secuelas de la aplicación del Plan Colombia expresadas, por ejemplo, en la presencia de bandas compuestas por ex paramilitares colombianos que cruzan la frontera y despliegan labores de “limpieza social” con previa solicitud de “perdón” por cualquier asesinato de “inocentes”; abusos cometidos por miembros de las FFAA ecuatorianas que pasan por la intimidación, violencia sexual hasta la tortura y el asesinato; muertes provocadas por fuerzas de seguridad en la frontera que, a nuestro juicio, bien pueden significar la aplicación de la política criminal utilizada en Colombia, conocida como los “falsos positivos”; entre muchos otros casos de la inseguridad que campea, se desprenden del Informe del Relator de la ONU, Philip Alston, realizado en el marco de su visita del 5 al 15 de julio de 2010.

En efecto, la investigación realizada por el funcionario de la ONU a solicitud de Rafael Correa, en torno al tema de las ejecuciones extrajudiciales, saca a la luz datos alarmantes, así, mientras en 1990 la tasa de homicidios era de 10,3 por cada 100.000 habitantes, en el 2010, se estima en 20; solo el 1,3% de las muertes denunciadas a la policía terminaron en sentencia condenatoria, porcentaje que está sobreestimado porque se señala, por ejemplo, que en Sucumbíos se denuncia uno de cada 3 o 4 homicidios, por lo cual el Informe destaca que la tasa real sería menor al 1%, lo que significa la tasa más baja de condena por muertes encontradas en país alguno.

De igual manera se grafica la alta peligrosidad que se vive en las provincias fronterizas con Colombia en donde a más de la acción de los ex paramilitares y narcotraficantes, la población soporta los abusos y criminalidad que provoca la acción de las fuerzas de seguridad tanto ecuatorianas como colombianas. Hay datos que registran alrededor de 164 muertes extrajudiciales con responsabilidad de efectivos policiales entre el 2000 y 2006, con el agravante que la investigación al respecto recae en la misma institución policial, la misma que por el llamado espíritu de cuerpo lo único que garantiza es total impunidad.

Otro elemento de toda esta corriente de crimen e impunidad se presenta con la acción de las llamadas “juntas rurales” vigentes en las provincias centrales de la sierra y en Los Ríos, las que derivan en grupos paramilitares que actúan al servicio de potentados dueños de tierras y al amparo de la Policía, con el argumento de preservar la “seguridad rural”. De su trayectoria hay reportes de campesinos pobres - principales víctimas de las “juntas”- que denuncian haber sido secuestrados, golpeados, forzados a abandonar su pueblo con amenazas de muerte o cuyos parientes han sido asesinados. Junto a esto en el Informe se señala haber conocido de persecución, amenazas y hostigamiento a activistas de Derechos Humanos, sindicalistas, organizaciones sociales, líderes indígenas, entre otros, situación que se agrava y afianza con la reiterada agresión verbal de Correa que no pierde oportunidad para denigrarlos en los términos más peyorativos posible.

La constatación de todos estos hechos dan cuenta de la creciente inseguridad que mantiene en zozobra a los ecuatorianos; la inoperancia y complicidad de la fiscalía, fuerza pública y jueces que dejan como resultado una impunidad que campea ha molestado al Fiscal Pesantez, quien, ahora sí, invoca la soberanía para aseverar que “nadie puede venirnos a decir que hacer”, pero, pese a su verborrea prepotente al estilo Correa, queda claro que el crimen se ensaña siempre con el contubernio de los poderes del Estado burgués.