Latinoamérica se mantiene como la región más desigual del mundo, pues diez de los 15 países con mayor disparidad del planeta se ubican en esta zona; Ecuador es cuarto, luego de Bolivia, Haití y Brasil.

Datos del PNUD señalan que, por ejemplo, solo el 3,1% de los jóvenes cuyos padres tienen la educación primaria incompleta concluyen sus estudios universitarios.

La desigualdad es clara en casi todos los niveles. La diferencia en el acceso al agua entre la población de mayor y menor ingreso en Perú es del 57%, seguida por Nicaragua (52%) y El Salvador (45%), mientras que en Uruguay es de apenas 2%, y en Costa Rica y Argentina del 4%.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) subraya en el informe -que analiza aspectos como el ingreso, educación y salud, entre otros indicadores- que la situación del continente es delicada, pues aún en los países con mejores resultados, la desigualdad es persistente y elevada.

El PNUD enfatizó que los actuales procesos de toma de decisiones en la región no favorecen la reducción de la desigualdad, pues se debe luchar contra la corrupción y diseñar políticas que vayan más allá del combate a la pobreza.

América Latina posee grandes fuentes de riqueza, que si bien pueden resolver los problemas de pobreza, más bien se han convertido en un elemento de desigualdad, lo que presenta a América Latina como la región del mundo en la que hay más disparidades sociales, pese a no ser la más pobre. Otro elemento que contribuye a aumentar este proceso de desigual distribución de la riqueza es el sistema político de la región que refuerza la reproducción de la desigualdad, pues, en la mayoría de los países los sistemas fiscales son "asimétricos", es decir, con una fuerte carga en el consumo en lugar de gravar el ingreso.

Otros factores que inciden en la elevada desigualdad latinoamericana son la corrupción, el diseño de políticas públicas pensadas solo para reducir la pobreza y no para eliminarla, la aplicación de políticas paternalistas como los conocidos bonos, los kits agropecuarios aplicados por el gobierno de Rafael Correa en el Ecuador, no solucionan absolutamente nada, sino que agravan una política asistencialista que en el mejor de los casos lo que le permite al gobierno es mantener una base social que “respalda” su gestión. Para ello, Correa todos los sábados arremete contra los diferentes sectores sociales que no están de acuerdo con este tipo de políticas, criminaliza la protesta social y reprime con saña a los luchadores populares, como si con ello terminarían los problemas de la pobreza, el desempleo, la corrupción.

Bolivia, por ejemplo, es el país más dispar de América Latina, tiene el mismo nivel de desigualdad que Camerún y Madagascar; en el continente americano le sigue Haití que mantiene una situación de desigualdad comparable con la de Sudáfrica y Tailandia, todos con 59 puntos en el coeficiente de Gini.

Brasil y Ecuador, los siguientes países con mayor desigualdad (índice 56), superan a naciones como Uganda (índice 55), que tiene el mismo nivel de disparidad en las condiciones de vida de su población que Honduras, Panamá, Paraguay, Chile, Colombia y Guatemala, superando a Botsuana, Etiopía y Nepal.

Incluso los países menos desiguales de Latinoamérica: Uruguay, Costa Rica, Venezuela y Argentina mantienen niveles de disparidad muy elevados (más de 45) si se comparan con los coeficientes de Europa oriental (entre 24 y 43 puntos), y aun más con los de los países desarrollados, cuyo pico lo tiene Portugal, con un índice de 41.

En Bolivia, los grupos más ricos tienen un acceso 64% mayor a la electricidad que los más pobres. En Honduras la diferencia es de 58% y en Perú llega al 55%; en Chile y Venezuela ambos grupos tienen prácticamente el mismo acceso.