La Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG), se fundó por Decreto Ley No. 008 el 19 de Agosto de 1994, en el Gobierno de Sixto Durán Ballén. Para su creación se fusionó la EMAP-G (Empresa Municipal de Agua Potable de Guayaquil) y EMAG (Empresa Municipal de Alcantarillado de Guayaquil), con el propósito de rehabilitar el sistema de agua potable y alcantarillado, para convencer a futuro a las transnacionales e iniciar su privatización.

Cabe recordar que el servicio de agua potable y alcantarillado siempre fueron prestados por el Municipio de Guayaquil, pero la administración de León Febres Cordero, se “deshizo” de él y lo entregó al Estado, demostrando no sólo su irresponsabilidad sino que para los socialcristianos más significado tenía el Malecón 2000 y más obras suntuarias.

El 11 de Abril del 2001 se suscribe el contrato en la sede del BID, en Washington, y los suscriptores eran Ivon Mellinger Representante de INTERAGUA y Rodrigo Andrade Presidente de ECAPAG.

En el contrato, en vez de demandar inversiones fijas en plazos determinados, sólo se exige la inversión de 520 millones de dólares durante los treinta años de concesión, además de que cualquier inversión en los servicios se recuperará con las tarifas e impuestos de telefonía, pagado por el pueblo. Convirtiendo a ECAPAG en un organismo de control y vigilancia.

Las denuncias realizadas por varios sectores de Guayaquil, en donde se cuestiona la calidad del agua potable que consume la ciudad no cumple las normas de calidad óptimas establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN con graves consecuencias en la salud humana, las mismas que fueron acogidas y ratificadas por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), sin embargo los directivos de INTERAGUA acusaron a la Comisión de causar alarma infundada entre la población.

Frente a tanto alboroto, Jaime Nebot se vio obligado a pedir de manera mañosa la competencia del agua para la ciudad, para con ello, supuestamente poner orden en la distribución del líquido vital.

Por otro lado las organizaciones agrupadas en el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos y otras organizaciones populares de usuarios y poblacionales de la ciudad apoyan la petición de competencia del agua y alcantarillado.

Cambio de competencia no es la solución

Estando de acuerdo con que estos servicios básicos sean públicos y no de carácter privado, es menester decir que la resolución del Municipio de Guayaquil, de solicitar la competencia de ECAPAG, no resuelve el problema de fondo, pues lo primero que debe realizar este organismo estatal, es declarar unilateralmente cerrado el contrato con INTERAGUA, por incumplimiento del objeto del contrato.

El Municipio evadió la responsabilidad sobre el servicio de Agua potable y Alcantarillado pero el Partido Social Cristiano por muchos años manejó INTERAGUA, (Recordemos que Rodrigo Andrade allegado Socialcristiano fue gerente por muchos años) además siempre tuvieron un delegado en ECAPAG, no sólo el cabildo, sino además las Cámaras de la Producción y el Colegio de Ingenieros Civiles, es decir la burguesía como clase y ahora a un año de fenecer el segundo período de Nebot recién se acuerda de la competencia que hay sobre los servicios públicos.

El problema de fondo es INTERAGUA y su salida es que ECAPAG rinda cuentas a la ciudadanía sobre lo que no han hecho como ente regulador y que el municipio asuma el control total del servicio de Agua Potable y Alcantarillado con un organismo conformado democráticamente que vigile y administre directamente este servicio, donde exista la participación fundamental de los usuarios, de la Universidad y Escuela Politécnica, Ingenieros Químicos, el Municipio, etc.

Lo que hay que tomar en cuenta es que los socialcristianos tratan es optimizar este negocio para proceder luego a su privatización y de esa entregar una empresa que genere mayores recursos y la haga más rentable a sus nuevos administradores. Por otro lado, se trata también de un enfrentamiento a las políticas del Presidente Rafael Correa, que con su representante trata de cambiar el papel que han venido cumpliendo los socialcristianos dentro de las empresas que deberían ser de servicio a la comunidad. Se trata entonces de inutilizar la propuesta del gobierno, deshaciéndose del representante, para lo cual pretenden hacerse de los servicios que brinda ECAPAG, para seguir con su control e impedir cualquier acción gubernamental que les obligue a cumplir con el papel que le corresponde.

Por ello, la nueva Constitución debe establecer que los servicios públicos deben estar a cargo del Estado y los municipios respectivamente y prohibir su concesión total o parcial, evitando que caigan en manos de los monopolios internacionales, como sucede con INTERAGUA.