Las Cortes de Justicia herramientas de los gobiernos de turno

2

Rafael Correa pretende meter la mano en las Cortes de Justicia y sigue los objetivos, prácticas y mecanismos utilizados por los sectores de la derecha y los gobiernos oligárquicos.

Los sectores populares han denunciado que esta consulta es una herramienta manipuladora y que esconde las verdaderas intenciones del primer mandatario, el objetivo del presidente es apoderarse de las función judicial, para tener a su disposición y beneplácito las Cortes de Justicia y constituirlas en mecanismos para imponer su dominio y proyecto político desarrollista y derechista.

El gobierno pretende apoderarse de las cortes para ocultar los distintas acciones de corrupción que se ha denunciado en este periodo, como por ejemplo: el caso de los contratos con el Estado por parte del hermano Fabricio Correa, las acciones contra los ministros de deportes y salud, el enriquecimiento ilícito de Irina Cabezas, los negociados de Paco Velasco y un sin numero más de denuncias contra funcionarios del gobierno o personas allegadas al movimiento PAIS.

Apoderase de la función Judicial va a servir para que Correa pueda perseguir y amedrentar a los luchadores populares, a los combatientes que se levantan en cada una de las regiones en contra de sus políticas. Se constituirán en herramientas fieles para criminalizar la protesta y la organización popular.

Como ha señalado Rafael Correa, él pretende meter la mano en las Cortes de Justicia y sigue los objetivos, prácticas y mecanismos utilizados por los sectores de la derecha. A través de la historia las clases dominantes se ha turnando el dominio de las cortes y las han puesto a su servicio como lo realizado por los conservadores, liberales, velasquiestas, CFP, PSC, ID, FRA, DP, PRE, PRIAN, PSP y ahora el movimiento PAIS.¬

Los proceso y las intenciones siempre han sido las mismas, lo que ha cambiado es la ubicación de sus actores: unas ocasiones repartiéndose la justicia y otras denunciando el manoseo de esa instancia.

Inclusive, en muchas ocasiones, los magistrados han sido los mismos y han pasado décadas realizando la actividad de jueces como por ejemplo la participación más de una vez por Terán Varea, los Andrade Álava o los Hurtados Larrea designado un sin número de ocasiones y a través de diferentes formas.

Las riñas, por las cortes, se han producido en todos los gobiernos de turno. En los inicios del nacimiento de la república la justicia apareció como una función independiente del gobierno, pero esta tenía contacto directo con los círculos apegados a Juan José Flores. Las 20 Constituciones elaboradas en el Ecuador, todas han estado acompañadas de un reordenamiento de la función judicial, así se produjo con la carta de la esclavitud y la carta negra, esta última impulsada por Gabriel García Moreno y de la misma forma en 1906 lo realizó Eloy Alfaro.

También metieron mano en la Corte Suprema de Justicia Velasco Ibarra, Guillermo Rodríguez Lara y el triunvirato militar (Burbano, Duran y Franco), para instaurar cortes de justicia que beneficien sus intereses.

Esas mismas prácticas se han mantenido en los subsiguientes gobiernos oligárquicos y los cuales han mantenido esa misma forma de proceder.

Una corte a la medida de los tanques

El gobierno de León Febres Cordero desconoce la elección parlamentaria de magistrados en la Corte Suprema de Justicia (en esa época según la Constitución vigente de 1978 el Congreso tenía la potestad de elegir a los magistrados de la CSJ). El 8 de octubre, la Policía Nacional impide el ingreso de los jueces al Palacio de Justicia y es rodeado el edificio con tanques militares. Diez días después los jueces electos se vieron obligados a renunciar a sus funciones y el congreso elige una nueva Corte Suprema, bajo la dirección del social-cristianismo.

En los gobiernos de Rodrigo Borja y Sixto Durán el reparto de las cortes eran parte de la agenda política de los gobiernos recién posesionados, pues los magistrados duraban cuatro años desde 1984.

Después del derrocamiento de Bucaram, en el gobierno de Fabián Alarcón, se instala una constituyente que formula la Constitución del 98 y se instauraron los magistrados vitalicios y con ello el Partido Social Cristiano como la Democracia Popular tenían asegurado su dominio.

La pichicorte

En noviembre y diciembre de 2004, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, se produce un nuevo recambio en las Corte Suprema de Justicia que obedeciero a las pugnas inter-burguesas que se presentaron en el escenario político y que buscaban disputar o afirmar espacios, expulsar a unos sectores del control o manejo de la administración estatal para remplazarlos por quienes, en ese momento, tenían mayor fuerza o posibilidad de maniobra.

La izquierda revolucionaria aprovechó esa circunstancia y votó a favor del cambio de las Cortes de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional. No lo hizo con la idea, y menos aun con el interés de crear falsas expectativas de que la naturaleza de estas instituciones cambiaría con la presencia de uno u otro magistrado o vocal con posiciones democráticas, pero comprendía que esta reorganización significaba un duro golpe político al PSC, ID y DP, que de forma ilegal alcanzaron el control de esas instituciones, haciéndolas centros de fraude y chantaje.