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Gobierno maquilla desapariciones involuntarias en Ecuador

Miércoles 15 de marzo de 2017

Una vez más quedo en evidencia la incoherencia entre el discurso y los hechos del correismo, el 8 y 9 de marzo el gobierno del Ecuador reprobó en materia de derechos humanos, esta vez fue ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED).

El Estado administrado por el correísmo ha sido incapaz de investigar durante diez años las desapariciones de miles de ecuatorianos y ecuatorianas, ejemplo de ello son los casos de Gustavo Garzón desaparecido el 10 de noviembre de 1990, Luis Eduardo Guachalá desaparecido en el año 2004, Francisco Cajigas desapareció el 17 de Noviembre de 2015, entre otros. El común denominador entre ellos es la falta de compromiso del Estado para investigar y tratar los casos de desapariciones forzosas, similar conducta del aparato estatal se puede apreciar en el tratamiento de los casos de desapariciones involuntarias como son los casos de: Carolina Garzón, Juliana Campoverde, David Romo, Camilo Carlos Tobar entre otros, donde los familiares han sido revictimizados por el uso politiquero que el propio Correa ha realizado de este tema.

Las desapariciones en nuestro país se han incrementado y se requiere la implementación urgente de mecanismos que permitan realizar un análisis estadístico serio e independiente, que sirva de base para la implementación de políticas en esta área, mientras esto no ocurra estaremos asistiendo a una omisión estatal causada por la negativa de asumir la existencia de este tipo de casos.

El Estado ecuatoriano tiene el deber de cumplir sus obligaciones según los estándares de derechos humanos tanto del Sistema Universal como del Sistema Interamericano; aceptar que estas desapariciones involuntarias estarían vinculadas a actividades ilícitas como secuestro, tráfico de personas, homicidios, asesinatos y otros; así como implementar políticas públicas que minimicen este fenómeno.