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Nuevo código para someter organizaciones

Miércoles 19 de abril de 2017

Para no perder la práctica correísta de autoritarismo, imposición y control sobre las personas y organizaciones que son críticas y exigen cambios en la política del gobierno, la asambleísta del oficialismo Johana Cedeño Zambrano presentó a la presidencia de la Asamblea Nacional el proyecto de “Código Orgánico de Participación Ciudadana y Control Social”.

El proyecto pretende elevar a categoría de ley el Decreto 16, que regula el funcionamiento de las organizaciones sociales, el Sistema de Registro Unico y otros reglamentos que merecieron un profunda y argumentada crítica.

Tiene un carácter restrictivo de derechos principalmente sobre la libre asociación, libertad de expresión y organización. Precisamente tomaron como argumento esta normativa para observar, intervenir a organizaciones como Acción Ecológica, Fundamedios y disolver a la Fundación Pachamama, la Unión Nacional de Educadores, etc. El proyecto fue presentado el 31 de marzo y hasta la fecha ha recibido pronunciamientos de los dirigentes de las organizaciones sociales y populares exigiendo su archivo porque no representa los verdaderos intereses de los gremios, sino que se convierte en un nuevo instrumento de injerencia, vigilancia y control del Estado, actualemente el correísmo, para continuar con su política de criminalización de la lucha popular.

El Decreto 016 fue expedido hace años atrás, para frenar el accionar del movimiento social y sus organizaciones, sin embargo, fue rebasado, lejos de aplacar sus acción, despertó el rechazo que se expresó en varias ocasiones en manifestaciones de protesta en su contra.

Como antes no pudo someter a las organizaciones porque el decreto no fue sufuciente, no tenía la misma fuerza legal que tiene un Código Orgánico (solo por ley se restringen derechos), éste proyecto es un nuevo intento del Gobierno para cumplir con sus objetivos de desarticular la organización.

El intento por aprobar el Código es una muestra de que se viene una nueva escalada represiva de parte del Gobierno en contra de las organizaciones sociales. Empieza una ofensiva contra el movimiento social con un mensaje muy claro para las organizaciones: ”se someten, o se eliminan”.

Además el proyecto de Código surge como una respuesta a la constitución del Acuerdo Nacional por el Cambio, que surgió como iniciativa política del movimiento social, de las organizaciones para convertirse en una opción política para los electores..

Revisando la propuesta, llama la atención cuando plantean que “Las organizaciones sociales podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión”, hay que recordar que todo está orientado a la “política del buen vivir”, diseñada en lo abstracto por los expertos analistas que saben mucho de “vivir bien” pero a costillas de otros.

Se exige el cumplimiento de varios requisitos para registro de las directivas, comités, etc, éstos no se pueden cumplir con facilidad, y causan un efecto contrario en la población, cada día se desincentivan de pertenecer a alguna de las formas de organización reconocidas por la ley, razón suficiente para causar desmotivación y desinteres en la integración de organizaciones. Quienes concluyen favorablemente el proceso de registro, pasan el primer filtro, para luego someterse a un exagerado control e injerencia del Estado, especialmente las organizaciones que piensan y actuán diferente a lo impuesto por la revolución ciudadana.

El analisis no termina, innumerables afectaciones al movimiento popular y sus derechos se pretende aprobar, por lo que tenemos el deber de desenmascararlo y exigir el archivo definitivo.