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Presionar para que Glas sea sancionado

Martes 18 de julio de 2017

El juicio político busca encontrar las responsabilidades políticas del vicepresidente Glas en los actos de corrupción cometidos en las áreas de su responsabilidad durante el gobierno anterior...

Sin reparo alguno, Marcela Aguiñaga, asambleísta conocida por su fidelidad absoluta al expresidente Rafael Correa, ha dicho que Alianza País decidió no dar paso al pedido de juicio político al vicepresidente Jorge Glas. La lógica es la aplicada por el correísmo durante esta década: tienen la mayoría en la Asamblea.

Para justificar su conducta, aducen que los interpelantes no han presentado pruebas que muestren el cometimiento de un delito por parte de Glas, tergiversando malintencionadamente la naturaleza del juicio político, intentando darle el carácter de juicio penal. El primero busca encontrar las responsabilidades políticas del vicepresidente Glas en los actos de corrupción cometidos en las áreas de su responsabilidad durante el gobierno anterior, en este caso corresponde a la Fiscalía investigar y determinar las responsabilidades penales.

Aún si el Consejo de Administración Legislativa diera paso al juicio, debería superarse el escollo de la Corte Constitucional, que debe emitir un dictamen de admisibilidad, en lo cual puede demorarse semanas… o meses. Basta saber que seis de los nueve integrantes de la Corte fueron funcionarios del gobierno anterior para prever qué resolución adoptaría.

El enjuiciamiento a Jorge Glas depende sobre todo de la presión que los trabajadores y el pueblo ejerzan sobre la Asamblea y los órganos de justicia. A medida que aparecen nuevas y más evidencias de su responsabilidad en el caso Odebrecht, mayores son los esfuerzos del correísmo por ocultarlas, porque su destape enlodará a muchos personajes que hasta ahora aparecen ocultos y la afectación política del partido de Gobierno sería grande. Inclusive las contradicciones existentes al interior de Alianza País se ponen en segundo plano para defender al vicepresidente y así proteger lo que el correísmo califica como su proyecto político.

Organizar nuevas acciones en contra de la corrupción es tarea del movimiento sindical y popular organizado.