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Indispensable auditar los dineros que manejó el correísmo

Miércoles 9 de agosto de 2017

El correísmo recibió tanto dinero en su paso por Carondelet y puso tantas barreras para evitar su control que lo menos que deben pedir los ecuatorianos es su auditoría integral y profunda.

Más de 300 mil millones de dólares recibió el expresidente Rafael Correa en una década que gobernó el Ecuador. Con tal disponibilidad de recursos el correísmo hizo gala de haber resuelto una serie de problemas como la pobreza y ejecutado una serie de obras como la infraestructura vial. Con ello se ganó un enorme respaldo popular.

Las acciones de verificación del uso de esos recursos, generalmente planteado en todo proyecto, han expuesto que el gasto realizado responde a los lineamientos de esos proyectos. Esos dictámenes de los fiscalizadores de obra o revisores de proyectos a lo largo de una década dieron aval de “buena conducta y honestidad” a los correístas que administraron esos dineros.

La comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional, conocida como “comisión de archivo”, tan solo “analizó” y planteó al plenario juicios en un par de casos que le convenía al gobierno para aparentar que se autodepuraba. Para colmo, solo la presidencia de la Asamblea Nacional -controlada por las fuerzas del correísmo- puede pedir, a nombre de los asambleístas interesados, la documentación a las instancias de gobierno. El resultado fue que miles de pedidos jamás fueron atendidos.

La Contraloría General del Estado realizó una serie de informes que no dieron origen a ninguna acción de la Fiscalía, ambas instancia conducidas por aliados del correísmo; el contralor por más de diez años en el cargo resultó ser quien exigía coímas millonarias, como fue el caso de los 6 millones de dólares recibidos para anular las glosas contra Odebrecht.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, igualmente controlado por directivos cercanos al correísmo, encargada de elegir a funcionarios de los entes de control, lo hizo con procesos cuestionados, mientras archivaba las denuncias de corrupción.

En el ambiente descrito está claro que los ecuatorianos no recibieron información objetiva e imparcial respecto del uso de esos recursos, ese mismo ambiente fue creado para facilitar la corrupción.

Por ello las voces que exigen una auditoría integral a la gestión económica del correísmo tienen toda la razón.

Esa auditoría debería cuantificar el dinero que efectivamente manejó el correísmo. Sobre los egresos realizados debería revisarse los precios para confirmar o desvirtuar las miles de denuncias de sobreprecio en las obras ejecutadas que estarían encubriendo procesos de corrupción; la verdadera necesidad de ejecutar ciertas obras debe valorarse debido a que fue una táctica construir obras innecesarias, como ciertos aeropuertos, para justificar el gasto y encubrir sobreprecios y corrupción.

La auditoría a la deuda es parte importante de esta exigencia en la que se debe profundizar en la negociación de las tasas de interés y las afectaciones a la soberanía.

El resultado final de este trabajo debe ser la determinación de responsabilidades sobre los latrocinios y el inicio de la exigencia de la devolución de los dineros ilegalmente apropiados.